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No es común el caso del economista que se encuentra en la mira de los bombardeos terroristas y que ha sufrido de intentos de asesinato, pero Hernando de Soto no es un economista cualquiera. Empezando en su Perú nativo, de Soto se ha enfocado en un concepto revolucionario que está teniendo repercusiones a lo largo de los países pobres del mundo: la carencia de derechos de propiedad formales como la fuente de pobreza en los países pobres. Sus décadas de trabajo pionero, ante presidentes y en las calles en nombre de los derechos de propiedad de los pobres, le han traído elogios a escala global.

En 1999, la revista Time eligió a de Soto como uno de los mas destacados innovadores latinoamericanos del siglo. La revista Forbes lo destacó como uno de 15 innovadores "quién reinventará su futuro". El suplemento dominical del New York Times escribió, "para los líderes de los países pobres, el evangelio económico de de Soto es una de las cosas más esperanzadoras que han oído en años". La revista The Economist identificó al Instituto Libertad y Democracia entre los dos más importantes centros de investigación de políticas públicas en el mundo.

Habiendo ganado suficiente dinero para retirarse, decidió dedicar su vida a tiempo completo a solucionar el acertijo del desarrollo: ¿Por qué algunos países son ricos y otros pobres? De Soto sabía que los peruanos no carecían de la energía emprendedora. La ajetreada economía informal de Lima es prueba de ello. Tampoco carecían de bienes, per se. Del campo a los suburbios de la ciudad, la propiedad era gobernada por un sistema de derechos de propiedad reconocido y desarrollado informalmente.

En 1980 de Soto fundó el Instituto Libertad y Democracia. Mientras más investigaban él y sus compañeros investigadores en el ILD, tanto más se daban cuenta que lidiar con el estado peruano para obtener el reconocimiento legal de los bienes propios era exasperantemente difícil, si no imposible.

Desde sus raíces peruanas, de Soto viaja ahora alrededor del mundo, reuniéndose con actuales y futuros jefes de estado. De Soto les dice a estos jefes de estado que sus ciudadanos pobres carecen del registro legal de titulación de sus propiedades y no puedan utilizar sus bienes como garantía. No pueden conseguir préstamos bancarios para ampliar sus negocios o para mejorar sus propiedades. Él y sus colegas calculan que la cantidad de "capital muerto" en activos sin títulos formales de propiedad poseídos por los pobres del mundo está en "por lo menos $9,3 millones de millones de dólares" –una cifra que hace minúscula la cantidad de ayuda exterior dada al mundo en desarrollo desde 1945